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EUA fiel a su política invasora, ahora entra a VENEZUELA y secuestra a MADURO. Por lo que el Diputado Pedro Vázquez, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, ha repudiado el hecho
La operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, que habría culminado con la captura y traslado forzoso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, representa uno de los actos más graves de intervención unilateral en América Latina en las últimas décadas. Más allá de las acusaciones previas por narcotráfico, la acción de Washington constituye una violación abierta del derecho internacional y un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad global.
Desde 2020, el gobierno estadounidense había formulado cargos penales contra Maduro y varios funcionarios de su entorno, acusándolos de narcotráfico y conspiración criminal. Sin embargo, ninguna imputación, por grave que sea, autoriza a un Estado a lanzar ataques militares, bombardear infraestructura en un país soberano ni secuestrar a sus autoridades sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o sin un proceso legal internacional válido.
Violación flagrante de la Carta de la ONU
El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe de manera categórica el uso de la fuerza como instrumento de política exterior. Estados Unidos no ha demostrado haber actuado en legítima defensa ni ha probado la existencia de una amenaza armada inmediata proveniente de Venezuela que justificara una acción militar.
El combate al narcotráfico —argumento central de Washington— no constituye, bajo ninguna interpretación seria del derecho internacional, una causa legal para invadir otro país, bombardear su capital o capturar a su jefe de Estado. Convertir acusaciones penales internas en justificación para la guerra equivale a normalizar la ley del más fuerte.
Secuestro extraterritorial y negación del debido proceso
La detención de Maduro y de su esposa fuera de cualquier mecanismo de extradición viola principios fundamentales del derecho internacional, incluidos:
la soberanía territorial,
la prohibición de detenciones arbitrarias,
el derecho al debido proceso,
y las inmunidades personales reconocidas a jefes de Estado en funciones.
Estados Unidos pretende ampararse en su legislación interna y en doctrinas judiciales controvertidas para legitimar una acción que, en el plano internacional, puede calificarse sin ambigüedades como un secuestro de Estado.
Aceptar este precedente implicaría reconocer que cualquier potencia militar puede capturar por la fuerza a líderes extranjeros simplemente acusándolos de delitos en sus propios tribunales.
Doble rasero y erosión del orden internacional
La conducta de Washington evidencia un doble estándar evidente. Estados Unidos exige respeto al derecho internacional cuando otros Estados actúan unilateralmente, pero lo ignora cuando sus intereses estratégicos, energéticos o políticos están en juego.
La reacción internacional —con condenas de países de América Latina, Eurasia y Medio Oriente— refleja una creciente preocupación por la erosión del sistema multilateral y por la conversión de la fuerza militar en herramienta ordinaria de coerción política.
Un precedente que amenaza a América Latina
La intervención en Venezuela no solo afecta a ese país. Sienta un precedente que debilita la noción misma de soberanía en América Latina y revive prácticas que la región ha sufrido históricamente: invasiones, golpes inducidos y capturas extraterritoriales bajo pretextos “morales” o “antinarcóticos”.
La normalización de este tipo de operaciones abre la puerta a una escalada regional, al colapso de los mecanismos diplomáticos y a un escenario donde el derecho internacional queda subordinado a la voluntad de una sola potencia.
La legalidad no puede ser selectiva
Si Estados Unidos considera que Nicolás Maduro debe responder ante la justicia, el camino legítimo era recurrir a tribunales internacionales, mecanismos multilaterales o procesos de extradición reconocidos. Al optar por la fuerza, Washington no solo deslegitima su propio discurso sobre el Estado de derecho, sino que se coloca en abierta contradicción con los principios que dice defender.
Lo ocurrido en Venezuela no es una victoria de la justicia internacional. Es una demostración de poder desnudo que debilita el orden jurídico global y confirma que, para Estados Unidos, el respeto a la legalidad termina donde comienzan sus intereses.
El presidente de la comisión de relaciones exteriores, el diputado Pedro Vázquez, se ha pronunciado contra esta invación violatoria a todas luces de los tratados y leyes internacionales.
Venezolanos protestando contra la agresión por parte de EUA
Venezolanos observan incendios y restos despues de la invación de EUA a Venezuela
Tags: Derecho Internacional ▪ EUA ▪ Geopolitica ▪ Intervención Militar ▪ ONU ▪ Venezuela
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